Fabricando un enemigo 17 de enero de 2008 Editorial de El Diario La Prensa, Nueva York La citación judicial de tres puertorriqueños para que se presenten ante un gran jurado es una señal de alarma no solamente para el movimiento independentista puertorriqueño. Las citaciones fueron emitidas a un trabajador social, a una diseñadora gráfica y a un cineasta supuestamente en conexión con una investigación del FBI sobre los Macheteros. El director del FBI Robert Mueller supuestamente no sabía de las citaciones, de acuerdo al congresista José Serrano. No es nuevo que el FBI elija como blanco a cualquiera que defienda la independencia de Puerto Rico. Las anteriores vigilancias de la agencia están detalladas en 1.8 millones de páginas, algunas de las cuales fueron hechas públicas en el año 2000. El entonces director del FBI Louis Freeh reconoció que la agencia había realizado acciones notoriamente ilegales, posibles crímenes, contra los puertorriqueños. Incluso el primer gobernador elegido de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, fue etiquetado como subversivo. Hay otro siniestro retroceso. Debido a las leyes presentados por la administración Bush y aprobadas por nuestro Congreso, las protecciones legales que les darían a los disidentes políticos un derecho al proceso debido han sido corroídas. La red es amplia para incluir como amenaza, a cualquiera con creencias políticas “sospechosas” sin tener que acusarle, juzgarle o condenarle de un crimen. Organizaciones como el Centro para los Derechos Constitucionales ha estado retando la mentalidad de estado policial que se ha permitido se convierta en algo normal y legal aquí. Debido a que los ataques a los derechos civiles y humanos y la histórica intimidación y represión de los independentistas están relacionados, los activistas tienen que hacer esos enlaces. Todo ello es de lo más urgente considerando el silencio de la mayoría de los líderes electos y la censura virtual que los medios han hecho de las citaciones. En el contexto de cárceles secretas, tortura, detención sin juicio y grabaciones sin permiso judicial, la pesca del FBI debería preocupar a cualquiera interesado en rescatar este país de un creciente estado policial.